ARGENTINA ES UN PAIS DE CONTRADICCIONES MANIFIESTAS
Publicado el15 de mayo 2011 en Pagina 12
19:08 › “NOS VAMOS A JUNTAR CON CANCILLERIA PARA VER SI ESTO MERECE RESPUESTA”
Abuelas manifestó su “desagrado” por la negativa de EE.UU. a desclasificar archivos sobre la dictadura
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó la resolución de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de no permitir la apertura de los documentos secretos de ese país sobre la última dictadura argentina. “Fue algo muy ofensivo”, dijo la titular del organismo de derechos humanos que había presentado ese pedido. La dirigente confirmó que recibió anoche la noticia y adelantó que el lunes se reunirá con funcionarios de Cancillería para analizar los pasos a seguir.
La resolución de negar la apertura de archivos de las agencias de seguridad norteamericanas fue firmada por Mick Rogers, presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes y uno de los opositores a la iniciativa. Según Carlotto, el legislador argumentó que divulgar información solicitada por Abuelas sería "una distracción de tiempo y de recursos para los organismos estadounidenses de espionaje, que necesitan concentrar esfuerzos en desmantelar a organizaciones como Al Qaida".
"Nos produce mucho desagrado la noticia y las expresiones agresivas de este congresista", declaró Carlotto porque con esa decisión se desestima la posibilidad de "arrojar luz sobre los cientos de niños argentinos que fueron robados y que nacieron en cautiverio" durante la última dictadura militar. Aí y todo, consideró que "se podía esperar la negativa" pero no "una opinión tan ofensiva".
"Vamos a ver qué pensamos para el lunes, nos vamos a juntar con Cancillería para ver si esto merece respuesta o si no vale al pena", recalcó, aunque opinó que "hay que insistir con argumentos que desarmen esto que se ha expresado y que hagan valer el derecho que tenemos de pedir información". La propuesta de abrir los archivos reclamada por las Abuelas había sido impulsada en EEUU por el legislador demócrata Maurice Hinchey, para que el director nacional de inteligencia entregue al Congreso información sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre 1976 y 1983.
Según agencias de noticias internacionales, la Cámara baja rechazó la iniciativa este viernes con 214 votos en contra y 194 a favor. Hasta el momento, la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo logró localizar e identificar a 104 nietos, hoy adultos de entre 30 y 35 años, nacidos en cautiverio y robados durante la dictadura.
PUBLICADO EL 15 DE MAYO DE 2011 EN CLARIN
El gobierno protege los decretos secretos de la última dictadura
15/05/11 - 01:22
Sorpresa y polémica. Son 478, firmados entre 1976 y 1983. Clarín intenta conocer su contenido desde hace dos años. Pero la Secretaría Legal y Técnica se niega a divulgarlos. El debate pendiente por los secretos de Estado.
Sería lindo creer que se trata de un error, un involuntario y lamentable desliz de la burocracia estatal. Pero ya no quedan dudas: el gobierno de Cristina Kirchner decidió seguir ocultando a los argentinos el contenido de los 478 decretos secretos que firmaron los dictadores Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone. En los últimos dos años Clarín intentó que se divulgaran, primero a través de un pedido de acceso a la información pública –que fue rechazado– y luego mediante conversaciones informales con un funcionario clave de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Hubo reuniones, llamados y algunas promesas, pero tampoco se cumplieron. Hasta hoy, los misterios de la dictadura siguen ocultos.
Reconstruyamos el camino hacia semejante conclusión. La investigación de este diario se había iniciado en septiembre de 2008, en el cuarto piso del Archivo General de la Nación. Nublada por el polvo, allí se conserva una discreta carpeta negra en la que se guardan las actas que año tras año la Secretaría Legal y Técnica remite para certificar el envío al Archivo de los originales de todos los decretos presidenciales de ese período, y que incluyen las fechas y la numeración correspondiente. Con el mismo celo administrativo, ese inventario anual –que durante la dictadura firmaba el por entonces jefe del Departamento Decretos, Oscar R. Di Francesco– consigna que “en virtud de las normas establecidas por el decreto N° 383/57 no se procede a la entrega de los originales de los Decretos de carácter SECRETO que se detallan a continuación”.
La enumeración que sigue a esta frase en cada acta permite reconstruir la cantidad y el número de orden de las normas secretas firmadas cada año. Así se pudo establecer que durante los primeros seis días posteriores al golpe de Estado los decretos eran firmados por la “Junta militar”, y que de los 21 que salieron bajo esa autoría cuatro fueron “reservados”. También se logró saber que luego Videla firmó 299 (con un pico productivo de 80 durante 1979, equivalente a un decreto secreto cada cuatro días y medio), Viola despachó 44, Galtieri 30 y Bignone 101 (de los cuales 69 “secretos” y uno “reservado” fueron expedidos en 1983, en las postrimerías del régimen). Es difícil especular con qué razones los habrán motivado. ¿El diseño de la represión ilegal? ¿Quizás los turbios enjuagues de la deuda externa? ¿O las bambalinas inconfesables de la Guerra de Malvinas? ¿Detalles sobre la destrucción de los archivos del terrorismo de Estado? ¿O alguna nadería intrascendente protegida por la pacatería militar? El gobierno de Cristina impide responder estas preguntas.
Aquellos papeles amarillentos también revelan que los decretos presidenciales correspondientes a los años de la dictadura recién llegaron al Archivo –y en forma desordenada– entre el 30 de junio y el 30 de septiembre de 1983, excepto los de ese año, que fueron remitidos el 19 de marzo de 1985.
Con el detalle en la mano, y para conocer el contenido de todas esas normas secretas, el 21 de abril de 2009 Clarín formuló un pedido de acceso a la información pública, amparado en el decreto de Néstor Kirchner 1172/03. Nueve días después, la doctora Ana Laura Brunetti, de la Secretaría Legal y Técnica, respondió que a los decretos secretos o reservados les cabe la “excepción a la obligación de proveer la documentación requerida” en el decreto de Kirchner, porque involucra “información expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior” (ver facsímil). Primera sorpresa: ¿el gobierno admite como válidas las razones de “defensa” de la dictadura, inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional?
La respuesta oficial ofrece más argumentos para justificar su negativa: “Respecto a los Decretos de carácter Secreto o Reservado, cabe también informarle que no existe normativa genérica alguna que habilite su publicidad”, sentencia, y explica que, según una reglamentación administrativa vigente desde 1985 y refrendada diez años después, sólo pueden pedir fotocopias de los decretos secretos el Secretario General de la Presidencia, los ministros o los presidentes de las cámaras del Congreso. “Ante lo expuesto –concluye la doctora Brunetti– no existe posibilidad jurídica de acceder a lo peticionado por Ud. con relación a los Decretos de carácter Reservado o Secretos.”
La inexistencia de una ley que regule los secretos de Estado permitió al Gobierno redactar esta contestación, pero también lo colocó en una situación incómoda, o al menos incongruente con sus posiciones públicas con respecto a la dictadura y su oscura herencia.
Con el camino formal cerrado, Clarín intentó acceder a la información a través del contacto directo con los cancerberos de aquellos viejos secretos. Durante una amable entrevista celebrada hace dos años en su despacho del primer piso de la Casa Rosada, un funcionario clave de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia –mano derecha del secretario Carlos Zannini– se comprometió a “diseñar algún camino administrativo” para poder dar a conocer los decretos reservados de la dictadura.
¿Las opciones? Nunca se conversaron, pero pudieron ser varias. Por ejemplo, una desclasificación masiva y unilateral, como la que el mismo Gobierno impulsó en 2005 para difundir las 141 leyes secretas que se sancionaron desde 1891 –medida que fue aplaudida por la oposición, aunque en ese momento también reclamó en vano que se divulgaran todos los decretos secretos de la historia– o la más provechosa sanción de una ley de secretos de Estado, que establezca con claridad qué normas y documentos pueden ocultarse a la luz pública, cuáles son los extraordinarios motivos posibles para hacerlo, qué organismos y funcionarios están autorizados a clasificar información oficial –y bajo qué condiciones– y, sobre todo, cuál será el plazo máximo durante el cual será legal mantener ese secreto.
Pero nada de esto ocurrió. Los contactos siguieron durante meses. El 28 de septiembre de 2009, el funcionario encargado de emproljar la respuesta oficial dando a conocer las normas ocultas de la dictadura admitió que el proyecto para hacerlo “estaba listo”, y sólo faltaba “la aprobación de Zannini”. Nadie sabe qué ocurrió después. Los llamados se espaciaron durante 2010, mientras el énfasis de aquellas promesas también se entibiaba. Hace seis meses que ni Eva ni Jessica, las simpáticas secretarias de nuestro hombre, aceptan los llamados de Clarín: ni siquiera se pudo comunicar al Gobierno que esta investigación finalmente sería publicada.
Más allá de la sorprendente protección oficial de los misterios de la dictadura militar, la historia de esta investigación plantea cuestiones actuales. El constitucionalista Roberto Gargarella cree que “en una sociedad democrática no existe ninguna razón para convalidar secretos, dado que somos todos iguales frente a la Constitución, y nadie tiene derecho a saber más que los demás en asuntos de primer interés público. Cuestiones de emergencia militar o diplomática podrían aspirar a una salvedad, que debería mirarse con criterios de máxima restricción, revisables judicialmente y diseñados del modo más estrecho posible”.
El director de Acceso a la Información de la Asociación por los Derechos Civiles, Ramiro Alvarez Ugarte, es contundente: “No existe ningún argumento válido para mantener bajo secreto los decretos de la dictadura. ¿Qué daño para la seguridad nacional de un Estado democrático puede acarrear la divulgación de información de hace treinta años relacionada con un régimen autoritario y criminal que se quiere superar? Tengo la esperanza de que la respuesta del Gobierno haya sido un acto reflejo, producto de la cultura del secreto que heredamos de la dictadura y que todavía permanece enquistada en algunos sectores del Estado democrático”.
Hernán Charosky es el actual director ejecutivo de la ONG Poder Ciudadano, y un especialista en transparencia gubernamental. “Es incomprensible que no tengamos una ley nacional de acceso a la información pública que contemple los supuestos de desclasificación. El oficialismo comete un grave error al considerar una ley de ese tipo como una amenaza. Necesitamos una ley que nos ponga en el mapa de América Latina.” Charosky aconseja observar un texto modelo que la Organización de Estados Americanos ofrece como modelo, “que tiene parámetros muy moderados de los cuales también estamos muy lejos. Y Argentina está comprometida a cumplir con las obligaciones sobre Derechos Humanos que plantea la OEA, entre las cuales desde 2006 se incluye expresamente el acceso a la información pública”.
Esa exigencia legal empujó a varios países del continente a sancionar leyes de acceso. Entre nuestros vecinos, Uruguay la promulgó hace tres años, Chile hace dos y Brasil está a punto de sacarla. Hace tres semanas, la presidenta Dilma Rousseff anunció el fin del “secreto eterno” que regía para algunos documentos oficiales considerados de “extrema sensibilidad”, y entre otros papeles abrió los archivos diplomáticos de la Guerra del Paraguay, ocultos durante 140 años.
Argentina, en cambo, aún no tiene una norma nacional. En 2004, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner introdujo fuertes cambios al proyecto aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, que contaba con la adhesión de todas las organizaciones civiles relacionadas con la agenda de la transparencia pública. Esas modificaciones votadas en el Senado devolvieron el proyecto a Diputados, donde finalmente naufragó. La presión de esas mismas organizaciones y el requerimiento de la OEA templaron los ánimos del oficialismo, que en septiembre del año pasado decidió votar un nuevo proyecto que fue aprobado por unanimidad en el Senado. Los diputados no lo tienen en su agenda inmediata.
A la abogada Delia Ferreira Rubio, integrante del Board de Transparency International, no le gustan los rodeos: “El secreto de las decisiones de gobierno puede ser la antesala del abuso de poder, la corrupción y la arbitrariedad”, asegura. La abogada admite que las democracias desarrolladas pueden tener la necesidad excepcional de dictar algunas medidas secretas, pero recuerda que esas anomalías deben balancearse con una ley que establezca plazos máximos para desclasificar los secretos. “Esos plazos se ubican entre los 10 y los 25 años”, advierte. Si se aplicaran en Argentina, los misterios de la dictadura ya serían públicos.
La discusión por la legalidad de los secretos de Estado tuvo un sobresalto hace cinco años, cuando Clarín divulgó un polémico proyecto de “ley de Secretos Oficiales” que pretendía extender a la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, las fuerzas de seguridad y el Congreso la facultad de clasificar algunos documentos que hasta entonces las reglamentaciones administrativas sólo le otorgaban a la SIDE y al sector de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Los autores de aquella iniciativa eran los senadores oficialistas Diana Conti, María Perceval, Miguel Pichetto y Mario Daniele. La difusión pública del proyecto y el escándalo que causó lo fulminaron en el aire. Pero los secretos continuaron bien guardados. Así siguen.
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