Cristina se traga al Banco Central
Por MARY ANASTASIA O'GRADY
El Estado Frankensteiniano de Argentina arrasó con el banco central el mes pasado, destruyendo sus últimos vestigios de independencia. Dada la historia hiperinflacionaria de la nación, cabe preguntarse por qué los argentinos han permitido que esto pasara.
La patología de la sed de poder de un gobierno no es difícil de discernir. El Estado crea las condiciones para una crisis. La crisis golpea. Los políticos asumen poderes extraordinarios. La crisis pasa. En la memoria de la gente queda la percepción de que sólo el ingenio del gobierno impidió la aniquilación completa. Los políticos tienen permiso para expandir su poder.
Los estadounidenses tienen un ejemplo en tiempo real de este fenómeno en el hundimiento de las hipotecas subprime, o de alto riesgo, provocado por las políticas federales del sector inmobiliario. Ahora nos cuentan que la intervención del Estado salvó la civilización. La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, pronunció un discurso a los estudiantes de la Universidad George Washington sobre el arbitrario rescate de Bear Stearns y los acreedores de AIG en 2008 que, en su opinión, detuvo lo que de otra manera "básicamente habría significado el final". Para quién no está aún totalmente claro.
Habiendo alterado el curso del destino, Bernanke se abocó a una expansión sin precedentes del balance de la Fed con el objetivo de salvar a otros en situación de emergencia. Y la semana pasada, dijo en una conferencia de la Asociación Nacional de Economía y Negocios de Estados Unidos que le preocupa que la reducción en la tasa de desempleo sea insostenible. Además, se comprometió a continuar con sus políticas de crédito fácil, algo que no debe tener muy contentos a los ahorradores.
Los peligros de utilizar políticas monetarias flexibles para empujar una cuerda (en el sentido keynesiano) están bien documentados. Pero cuando el gobierno está tratando de compensar por errores previos, raramente recurre a la moderación.
Si llevamos la banca central sin límites al extremo, nos topamos con Argentina. En 2002 pasó por una crisis épica y el gobierno intervino fuertemente en la economía, lo que incluyó una megadevaluación del peso.
Bajo las presidencias de los Kirchner, primero Néstor y ahora su esposa Cristina, desde 2003, el Estado ha confiscado cuentas bancarias y de pensiones, ha hiperregulado las empresas hasta el extremo de ahuyentar a numerosos empresarios, ha derogado contratos e impuesto controles de precios, y ha subido los aranceles de importación así como los impuestos de exportación. El gobierno también ha usado a los subsidiados sectores de los servicios públicos y el transporte para consolidarse en el poder.
Los defensores de esta amplia intervención en la economía sostienen que se justifica porque una contracción de 10,9% en 2002 exigió medidas extremas. La economía, sin embargo, se ha estado expandiendo desde 2003. Un país que se tomara en serio su propósito de crear riqueza en el siglo XXI restauraría la liberalización económica.
En su lugar, Argentina sigue reduciendo la libertad y expandiendo el alcance del Estado. El indicio más reciente es lo que parece un intento por nacionalizar los activos argentinos de la petrolera española Repsol, al conseguir que los gobernadores que simpatizan con la presidenta cancelaran concesiones provisionales clave en las últimas semanas, dificultando la operación de la compañía en el país.
El mes pasado, el Congreso controlado por Kirchner asestó lo que podría ser el golpe de gracia sobre la economía: una reforma de los estatutos del banco central que elimina una norma monetaria de 1991 que requiere que el dinero base sea respaldado por reservas internacionales y colocado fuera del control del gobierno. Ahora, la junta del banco central encontrará alguna fórmula para que una cantidad de reservas quede a mano. Las reservas que sobrepasen esa cifra quedarían disponibles para que el gobierno de Kirchner las tome prestadas. La fórmula podría ser ajustada en cualquier momento.
El gobierno de Kirchner ha recurrido de tanto en cuanto al "exceso" de reservas del banco central –el excedente sobre la base monetaria— desde 2010. Una confrontación sobre esa política provocó la renuncia del ex presidente del organismo, Martín Redrado, en enero de 2010 y el nombramiento de una sustituta más dócil, Mercedes Marcó del Pont.
El gobierno ha argumentado que es un despilfarro acumular dólares que no rinden nada cuando podría usarlos para pagar deuda. Eso tiene algo de sentido. Pero pagar deudas no es lo único que tiene en mente la presidenta. Kirchner mantiene su popularidad gracias a un generoso gasto social y ahora que las reservas internacionales están saliendo, los excesos se están estrechando. Necesitaba una modificación de los estatutos si pretende acceder a más fondos del banco central. Según la reforma, ahora puede pedir prestado al banco el doble que antes.
El singular mandato del organismo de velar por la estabilidad de los precios también ha sido eliminado. En su lugar, su misión abarca tres frentes, incluyendo los objetivos de proveer crecimiento con justicia social y estabilidad financiera a la vez que estabilidad de precios.
Dado el historial de Argentina, cuesta imaginar que estas nuevas normas no se traduzcan en un aumento de la inflación. Y nada de esto mejorará la credibilidad del banco central, que ya está sobre la cuerda floja. Las previsiones oficiales de que la inflación ronda 10% están siendo puestas en entredicho por economistas independientes, que la cifran más bien en torno a 20%.
En febrero, la revista Economist se hizo eco de esas dudas y anunció que ya no publicaría las estadísticas del gobierno. "Estamos cansados de ser actores involuntarios en lo que parece ser un intento deliberado de engañar a los votantes y timar a los inversionistas", escribió la revista.
Se está gestando una crisis. Cuando explote, ¿conseguirá Kirchner aún más poder o será que los argentinos entrarán finalmente en razón?
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