Poco para el futuro en la Argentina
Poco para el futuro
El pago de jubilaciones, pensiones y retiros es, por mucho, la principal política social del país. No sólo porque es el mayor monto con ese destino, sino porque también es cada vez menor la porción destinada a otras áreas, que podrían mejorar la estructura social, como educación, agua potable, alcantarillado, vivienda y planes de capacitación laboral.
Haciendo obras públicas el kirchnerismo parece no ser más eficiente que anteriores gobiernos. La solución de la pobreza estructural requiere obras. Si se miran el total del gasto social y la gran participación del sistema jubilatorio, parecería que son las cifras de Alemania.
Parecen tener poca atención quienes padecen pobreza estructural, que es la que está ligada a las condiciones en que se vive, básicamente con las características de la vivienda. No es la tradicional medición de la llamada "línea de pobreza", que valora sólo la condición respecto de los ingresos.
Reducir la pobreza medida por el método de la línea puede lograrse, por ejemplo, entregando subsidios, como la Asignación Universal por Hijo, o deteniendo la inflación. Pero la solución o el alivio de la pobreza estructural requieren la extensión de las redes de agua potable y cloacas, urbanizaciones y planes de vivienda. Los números oficiales dicen que la Argentina destina una porción muy pequeña de los fondos a esa clase de emprendimientos. Y que frecuentemente no gasta todo lo que tiene disponible. Siempre es más fácil pagar por ventanilla que planificar obras, licitarlas, adjudicarlas y lograr que se ejecuten.
También es muy notable que otros planes de compensaciones y subsidios salen de la caja de los jubilados. La Anses financia la entrega gratuita de computadoras a estudiantes secundarios de colegios públicos y también la AUH. De modo que esa clase de asistencias, que en el caso de las notebooks llega a familias que no las necesitan, la pagan los integrantes del sector pasivo a los que no se les reconoce el pago de sentencias judiciales.
Otro dato curioso, del que no aparece fácilmente una explicación, es que el número de beneficiarios de pensiones no contributivas se haya multiplicado por más de dos desde 2005. Eran 454.000 y ahora suman 1.160.671. Se trata de beneficios que se otorgan a quienes no han aportado al sistema jubilatorio. Pueden ser veteranos de Malvinas, víctimas de la dictadura y beneficiarios de las llamadas "pensiones graciables" que otorgan los miembros del Congreso.
También están en esa lista los alcanzados por "leyes especiales", como los ex presidentes y vices y ex integrantes de la Corte Suprema. Y las pensiones por vejez, invalidez y a las madres de siete o más hijos.
La tasa de otorgamiento de estos beneficios desde 2005 es asombrosamente alta, pero el programa no es ejecutado por la Anses sino por el Ministerio de Desarrollo Social, que comanda Alicia Kirchner.
El monto total asignado en el presupuesto 2012 a las pensiones no contributivas es casi idéntico al destinado a "desarrollo de la educación superior", es decir, las universidades. Se trata de 17.483,6 millones y 17.676,7 millones de pesos, respectivamente.
En tanto, respecto de 2011, los datos de ASAP encuentran que el monto gastado en asignaciones familiares creció mucho menos que la inflación: 7,5% en el primer trimestre.
La entidad también prevé que tanto por la aplicación de la movilidad jubilatoria como por actualización de las asignaciones será necesario aumentar las partidas.
Otros datos también parecen indicar pérdidas de eficiencia. Con la cuarta parte del ejercicio transcurrido, el Ministerio de Salud sólo gastó el 19% de lo asignado para su función específica.
Los planes de vivienda e infraestructura del Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, también mostraron atrasos, justo en un momento en que la obra pública no sólo puede remediar problemas sociales, sino también moderar la recesión..
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