Benefician al Gobierno en investigaciones antilavado


Operaciones sospechosas / El uso político de un organismo de control

Benefician al Gobierno en investigaciones antilavado

Por Hugo Alconada Mon | LA NACION

Amparada por el secreto de sus actuaciones, la Unidad de Información Financiera (UIF), que encabeza José Sbattella, demostró en los últimos tiempos hasta qué punto está dispuesta a aplicar criterios políticos en las investigaciones que realiza sobre operaciones sospechosas.
En los últimos meses cajoneó la investigación sobre presunto lavado de dinero contra el vicepresidente Amado Boudou, pero, al mismo tiempo, reactivó la pesquisa contra el secretario general de la CGT, Hugo Moyano. Así lo confirmaron a LA NACION cuatro fuentes que están al tanto de lo que ocurre dentro del organismo.
La protección política de la unidad antilavado también alcanzó a los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, detenidos en España por transportar 944 kilos de cocaína en enero de 2011. No por un intento de protegerlos a ellos, sino por una relación comercial que mantuvieron durante años con un empresario amigo del poder: Lázaro Báez.
"Cuando empezaron a investigar a los Juliá y se toparon con Báez, pararon el expediente porque no sabían con qué podían encontrarse. Entonces optaron por frenarlo", precisó una de las fuentes que trabajan en la UIF desde hace años. Esa relación incluye varios vuelos y la venta de un avión.
La decisión de congelar la investigación sobre Boudou, en tanto, tuvo un incidente. El analista a cargo (LA NACION se reserva su nombre por las características de su trabajo), intentó sortear la instrucción impartida por el jefe de la Dirección de Análisis, Pablo Chena, bajo las órdenes del titular de la unidad, Sbattella.
"Se declaró enfermo por unos días porque no quería firmar que en el expediente de Boudou no había nada, porque después, si algo ocurriera, el que desfilaría por la Justicia sería él y no su jefe", relató un informante, que recordó que uno de los veteranos del área de Análisis reforzó la decisión que había tomado: "Ojo con lo que firmás". LA NACION intentó consultar a Sbattella durante las últimas semanas, pero no respondió las llamadas.
Un incidente similar ocurrió con la pesquisa sobre Moyano. Cuando el líder camionero se peleó con la Casa Rosada y dejó de ser un protegido, la cúpula de la UIF ordenó reactivar la investigación y denunciar actividades sospechosas ante la Justicia. Pero la analista a cargo también se declaró enferma y el expediente pasó a manos de otro técnico "que está cerrando los detalles", indicó una tercera fuente.
De ese modo, Moyano se sumó al pelotón de personas o empresas bajo la mira política y que incluye, en primera línea, al multimedios que lidera Héctor Magnetto. "No hay casi otra cosa que no sea Clarín, Clarín, Clarín", sintetizó un informante, que rememoró cómo uno de los vocales del Consejo de Asesores de la UIF, Laura Gómez, "se la pasa dando instrucciones a todo el mundo contra Clarín".
La información sobre Moyano abarcaría varios legajos. E incluye datos sobre movimientos peculiares de fondos y operaciones de las obras sociales, en línea con la investigación en manos del juez federal Norberto Oyarbide. "Ordenaron darle un nuevo impulso a lo que hay", indicaron.

"TODO BAJO LLAVE"

La investigación sobre Boudou acumula, en tanto, varios reportes de operaciones sospechosas (ROS). Tanto sobre su íntimo amigo y socio comercial, José María Núñez Carmona, como sobre el hasta hace poco presidente de la ex Ciccone, Alejandro Vandenbroele, investigado por el juez federal Ariel Lijo como presunto testaferro del vicepresidente.
Los ROS llegaron desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los bancos Macro e Hipotecario, donde Núñez Carmona se presentó por ventanilla y depositó US$ 500.000 en efectivo. También, desde la unidad antilavado española, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (conocida como Sepblac).
"Apenas estalló el escándalo, Sbattella ordenó apurar el «expediente Boudou» que ya había dentro de la UIF y pedir datos a otras unidades antilavado a través de la red Egmont, para así cubrirse las espaldas, pero luego lo volvieron a dormir", aportó una tercera fuente. "Ahora está todo paradito, como lo del Banco Macro, y pusieron todo bajo llave", añadió.
El proceder de Sbattella responde a un antecedente. Años atrás, había ordenado congelar la pesquisa sobre Sergio Schoklender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Pero la entonces directora del área avanzó de todos modos, poco a poco y en silencio. Y esa decisión inconsulta terminó por salvarle el puesto a Sbattella cuando estalló el escándalo y la UIF pudo presentar un informe ante la Justicia.
Sin embargo, el malestar reinante entre los analistas aumentó porque al mismo tiempo que el director del área, Pablo Chena, imparte órdenes de cerrar o impulsar algunos legajos, cuida sus propias espaldas. Y eso quedó en evidencia a medida que pasaron los primeros meses desde su arribo sin que firmara papeles, lo que quedó en manos de la secretario general ejecutivo de la UIF, Federico Denegri.
La protección política de Boudou dentro de la unidad antilavado registra también su contracara concreta. Porque la cúpula de la UIF también impulsó una investigación sobre la empresa a la que el vicepresidente atribuyó todos sus males en su conferencia de prensa de abril último. "Salió el despelote contra Boldt y entonces ordenaron que «hay que minar a Boldt»", expuso un analista.
Por el contrario, los hermanos Juliá quedaron a cubierto desde que se detectaron sus extensos vínculos comerciales con Lázaro Báez. Y aunque el gobernador Daniel Scioli también voló con ellos durante 2009, la foja de los supuestos narcotraficantes llega más arriba. En 2003 pilotearon infinidad de viajes del entonces candidato a presidente Néstor Kirchner.

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF)

Es el organismo del Estado encargado de detectar operaciones sospechosas de incurrir en lavado de activos. Su titular, José Sbattella, es un kirchnerista de perfil técnico, pero durante su gestión se aplicaron criterios políticos a las investigaciones
EXPEDIENTES CONGELADOS
  • Vicepresidente de la Nación 
    Amado Boudou 
    Estaba siendo investigado por la UIF en la causa de la ex Ciccone. También por supuesto enriquecimiento ilícito.
  • Presidenta de Madres 
    Hebe de Bonafini 
    Los vínculos de la Fundación Sueños Compartidos con Schoklender quedaron en la mira por operaciones irregulares.
  • Empresario kirchnerista 
    Lázaro Báez 
    Su nombre apareció en la pesquisa que se les estaba haciendo a los hermanos Juliá. Allí se frenó el expediente.
  • Los hijos del brigadier 
    Gustavo y Eduardo Juliá 
    Están presos en España porque en enero del año pasado viajaron en un avión que transportaba 944 kilos de cocaína. Como había vuelos y negocios en común con Lázaro Báez, se vieron beneficiados con el congelamiento de la investigación local.
  • Presidente del Banco Macro 
    Jorge Brito 
    Es uno de los banqueros que estuvo más vinculado al kirchnerismo, aunque ahora se enfrió la relación. Su entidad es investigada por no haber reportado operaciones financieras que debieron haber sido catalogadas como sospechosas.
EXPEDIENTES ACTIVADOS
  • Secretario general de la CGT 
    Hugo Moyano 
    Quedó bajo la mira de la unidad antilavado a partir de una causa en Suiza, en la que se investigan todos los nexos del camionero.
  • Los medios 
    Grupo Clarín 
    Según reconocen en la UIF, es el objetivo principal de los técnicos de la UIF. "No hay otra cosa que no sea Clarín, Clarín, Clarín", admiten.
  • La empresa a la que acusa Boudou 
    Boldt 
    Quedó expuesta porque administró la ex Ciccone antes de que desembarcaran The Old Fund y Alejandro Vandenbroele.
EN DEFENSA DEL MODELO
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, no sólo se dedica a cuestiones vinculadas a las operaciones financieras sospechosas. También acostumbra involucrarse en cuestiones de economía política, siempre en defensa del modelo económico kirchnerista.
En las últimas semanas se involucró directamente en la defensa del cepo cambiario. "Por la buena o por la mala tenemos que recuperar la soberanía monetaria. Pensamos que, incluso, la desdolarización de la Argentina requiere ponerle un límite a la facilidad con que se hacían las cosas", señaló el funcionario.
También embistió contra el sistema impositivo para reclamar una reforma tributaria. "Para ello es preciso entender bien cómo se construyó la actual", a la que definió como "unitaria y concentrada", remarcó.
Sbattella dijo que el actual sistema "fue diseñado por los acreedores" con el fin de asegurarse el pago de la deuda, y que terminó tomando forma en 1989, "con fuerte intervención del FMI"..

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