Credo del oficial de Marina

Martes 21 de Junio de 2011    Polémica en Brasil: inminente liberación de 100.000 presos  UNA REFORMA LEGAL RESTRINGE LA PRISIÓN PREVENTIVA. BUSCA ALIVIAR LA SUPERPOBLACIÓN EN LAS CÁRCELES Por: José Daniel Amadis Corresponsal en Brasil San Pablo - Un polémico cambio en la Ley de Prisión Cautelar en Brasil, que entrará en vigor el próximo 4 de julio, comenzó a generar una controversia nacional y a recibir acerbas críticas por diversos sectores de la sociedad, pues se calcula que unos 100.000 presos por delitos menores recobrarán la libertad de manera inmediata. La medida, tomada para reducir el exceso de población carcelaria del país,determina que incluso los acusados de delitos graves podrán permanecer sueltos durante el proceso judicial, de acuerdo con lo que establezca el tribunal. «No se puede solucionar el problema del hacinamiento en las cárceles con medidas como ésta, de soltar o de dejar de arrestar criminales. El Estado no tiene las condiciones de garantizar la vigilancia y fiscalización de los acusados en libertad condicional», comentó a Ámbito Financiero el especialista en seguridadGivanilson Rúa. El texto de la norma indica que el juez debe evaluar nueve medidas cautelares, como el monitoreo electrónico y la prisión domiciliaria, antes de enviar a la cárcel a un acusado de haber cometido un delito con una pena inferior a cuatro años, como hurto y falsificación de moneda extranjera, entre otros. Los defensores de la iniciativa argumentan que los procesos podrán ser más ágiles y rápidos en la medida que la sociedad presionará para evitar la impunidad y los jueces no demorarán en emitir las sentencias, y en situaciones «excepcionales», la prisión preventiva, más allá de la pena en cuestión, también podrá ser sustituida por la prisión domiciliaria, como en el caso de ancianos, gestantes o enfermos graves. Si la población carcelaria de Brasil fuese una ciudad, estaría entre las mayores del país y superaría a algunas capitales, como Cuiabá y Aracajú, con casi medio millón de presos. Del total de 496.251 detenidos hasta 2010, el 40% tiene decretada la prisión preventiva y en muchos casos el proceso judicial no se ha iniciado todavía. Entre 2000 y 2010 el número de presos se duplicó, aunque en el último lustro la tasa de crecimiento bajó. Según datos oficiales, entre 2003 y 2009 la Secretaría Nacional de Seguridad Pública, adscrita al Ministerio de Justicia, invirtió 1.000 millones de reales (unos 625 millones de dólares) en la construcción de 97 presidios y la reforma de otros 37, lo que le permitió a Brasil ampliar la capacidad de albergar hasta 323.265 presos, un número todavía inferior al casi medio millón requerido. El costo mensual de manutención por preso, incluyendo todas las despensas y salarios de funcionarios, asciende a 1.600 reales (unos 1.000 dólares), informó el sitio especializado Consultor Jurídico. «Es una inversión idiota, pues gastamos millones para volver a las personas peores de lo que son», aseveró el exdirector del Departamento Penitenciario Nacional Mauricio Kuehne, citado por la mencionada web. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, deberá sancionar también en los próximos días un proyecto de ley que prevé una reducción de condenas para los presos que estudien dentro de las cárceles, en una iniciativa que beneficiará al 8,9% de la población carcelaria. Las cárceles de máxima seguridad, en las que están recluidos los criminales más peligrosos del país, han tenido que abrir sus puertas a infractores de delitos menores, como el robo de bicicletas, debido a la falta de plazas en otras prisiones, según un informe elaborado por representantes de la Defensoría Pública de la Unión y el Departamento Penitenciario Nacional, que denunció el riesgo que corren algunos presos por delitos menos graves de ser «usados» por el crimen organizado que opera desde esas cárceles. Brasil tiene 463 personas detenidas en sus cuatro cárceles de máxima seguridad: Catanduvas (Paraná), Campo Grande (Mato Grosso do Sul), Porto Velho (Roraima) y Mossoró (Río Grande do Norte). Según la Defensoría Pública de la Unión, el presidio de la ciudad paulista de Itaí alberga 1.400 detenidos de 80 nacionalidades. La cárcel fue adecuada para atender a la población carcelaria extranjera con funcionarios bilingües, bibliotecas con libros en varios idiomas y un trato diferenciado, pero los 290 kilómetros que separan a San Pablo de Itaí dificultan el desplazamiento de familiares y hacen más caros los honorarios de los abogados, como denunció Grover Calderón, presidente de la Asociación Nacional de Extranjeros e Inmigrantes de Brasil (ANEIB). «Hay un excedente de presos extranjeros también en Itaí. Esperemos que con la modificación de la ley los extranjeros se vean beneficiados al igual que los brasileños, incluso por principios de igualdad estipulados en el artículo 5 de la Constitución Federal», señaló el jurista peruano en declaraciones a Ámbito Financiero.