Informe sobre Lavado de dinero en Argentina (Versions Spanish and English)



Argentina

Observadores argentinos e internacionales expresan la preocupación de que el lavado de dinero relacionado con el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión fiscal se produce en todo el sistema financiero. También se cree que la mayoría de las operaciones de lavado de dinero en Argentina se llevan a cabo a través de operaciones con paraísos fiscales específicos. Las operaciones de lavado de dinero más comunes en el sector no financiero implican las transacciones realizadas a través de abogados, contables, estructuras corporativas y del sector inmobiliario. El amplio uso de efectivo en la economía Argentina también deja vulnerable al lavado de dinero. La evasión fiscal es el delito predicado en la mayoría de los argentinos investigaciones de lavado de dinero.

Argentina tiene una larga historia de la fuga de capitales y la evasión fiscal, y se estima que los argentinos mantienen miles de millones de dólares fuera del sistema financiero formal,  muchos de ellossi bien  legítimamente han ganado el dinero , no se pagaron impuestos. Las vulnerabilidades generales del sistema también exponen a Argentina a un riesgo de financiación del terrorismo. A pesar de estos riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LA / FT), sólo ha habido dos condenas por lavado de dinero y sólo cinco juicios están en curso.

Argentina es un país de origen de los precursores químicos y un país de tránsito para la cocaína producida en Bolivia, Perú y Colombia, y la marihuana producida en Paraguay. Mientras que la mayor parte de la cocaína en tránsito con destino a la Argentina el mercado europeo, prácticamente toda la marihuana es para el consumo interno o regional, y el consumo interno de drogas y la producción han aumentado. Los funcionarios argentinos también han identificado el contrabando, la corrupción y los diferentes tipos de fraude como las principales fuentes de recursos de procedencia ilícita.

Además de la evasión fiscal y las drogas, una parte sustancial de los ingresos ilícitos proviene de intercambios en el mercado negro en pesos o transferencias informales de valor. Las transferencias informales de valor se producen cuando los importadores no registrados, por ejemplo, utilizan las entidades que mueven moneda de EE.UU. en grandes cantidades a países vecinos donde se deposita. y de alli por cable a las cuentas de los Estados Unidos y a destinos offshore. Los productos de los EE.UU. a menudo se introducen de contrabando en Argentina, o los manifiestos de carga se cambian para disfrazar el importador y mercancías. La zona de la triple frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) se considera una fuente importante de contrabando, especialmente de productos piratas. A través de la Iniciativa Tres más uno, el Gobierno de Argentina (GOA) cooperara con las autoridades de los dos países vecinos, así como con los Estados Unidos, para hacer frente a los problemas de seguridad en esta región, sin embargo, este mecanismo ha sido en gran medida ineficaz en los últimos años debido al GOA y las diferencias USG políticos, entre otras razones.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la tercera ronda en el informe de evaluación mutua  (sobre el pais) Argentina ha  encontrado parcialmente conformes o no conformes con 46 de las 49 recomendaciones del GAFI. Argentina está sujeta a un mayor seguimiento de procedimiento durante el cual  se espera que abordar de inmediato las deficiencias relativas a la tipificación como delito de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Argentina también es identificado públicamente por la FATF por sus deficiencias estratégicas ALD / CFT,  si bien ha desarrollado un plan de acción para hacerle frente. El GAFI espera que Argentina  aborde urgentemente estas deficiencias, y mientras algunos se han hecho progresos, siguen siendo significativas ;as  deficiencias en ALD/CFT.

Para obtener información adicional con énfasis en la financiación del terrorismo, por favor consulte al Departamento de Informes por Países sobre Terrorismo, que se pueden encontrar aquí: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/

¿Las instituciones financieras participan en transacciones monetarias relacionadas con el tráfico internacional de narcóticos, que incluyen cantidades significativas de moneda de EE.UU., divisas derivados de las ventas ilegales en los EE.UU., o que de otra forma afectan significativamente los EE.UU.: SI

Penalización del Lavado de Dinero:

"Todos los delitos graves" enfoque o "lista" para los delitos predicados: Todos los delitos graves

Las personas jurídicas cubierto: criminalmente: SI civilmente: SI

Conozca a su cliente (KYC) reglas:

Mejora de los procedimientos de diligencia debida para las PEP: Exteriores: Sí domésticos: Sí

KYC cubierto entidades: bancos, compañías financieras, cooperativas de crédito, la autoridad fiscal, aduanas, casas de cambio, casinos, agencias de valores, compañías de seguros, contadores, notarios, comerciantes de arte y antigüedades, joyerías, los registros de bienes raíces, envío de dinero, y los servicios postales

Informe de transacciones sospechosas (STR) Requisitos:

Número de ROS recibidos y el tiempo: 3.169 en 2010

Número de transacciones en efectivo recibido y el tiempo: No disponible

STR entidades cubiertas: bancos, compañías financieras, cooperativas de crédito, la autoridad fiscal, aduanas, casas de cambio, casinos, agencias de valores, compañías de seguros, contadores, notarios, comerciantes de arte y antigüedades, joyerías, los registros de bienes raíces, y los transmisores de dinero postales servicios

Fiscalía de Lavado de Dinero / condenas penales:

Fiscalía: Cinco (en curso)

Las condenas: dos - en diciembre de 2010 y junio de 2011

Registros mecanismo de intercambio:

Con EE.UU.: MLAT: SI mecanismo adicional: SI

Con otros gobiernos / Jurisdicción: Sí

Argentina es miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero en América del Sur (GAFISUD), organismo regional al estilo del GAFI. Su evaluación mutua más reciente se puede encontrar aquí: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/60/46695047.pdf

Aplicación y puesta en práctica cuestiones y comentarios:

El 21 de junio de 2011, Argentina sancionó la Ley 26.683, que modifica la Ley N º 25.246, de modificar la tipificación como delito de lavado de dinero, así como para implementar otras medidas ALD / CFT. Aunque la nueva ley aborda una serie de deficiencias importantes, en particular con respecto a la tipificación como delito de lavado de dinero, un gran número de otras deficiencias previamente identificadas persisten. Algunas de las características clave de la ley 06 2011 incluyen: nuevas medidas que penalizan la ML como un delito autónomo, disposiciones para el decomiso de activos sin condena por LD o FT, disposiciones para permitir que un juez de suspender una orden de detención o el secuestro de los instrumentos o efectos, o aplazar la adopción de medidas de restricción o de otra prueba en el contexto de una investigación de LD / FT, la ampliación de los delitos que se autoriza a la UIF a manejar y difundir, la eliminación de las restricciones anteriores secreto fiscal en el marco de un ROS; aumentar las entidades comprendidas en las medidas preventivas, incluidas las asociaciones mutuales, cooperativas y el sector inmobiliario, incorporando cliente más detallada diligencia debida (DDC) y el mantenimiento de registros medidas, la mejora de las medidas de mantenimiento de registros con el requisito de que todos los datos de DDC se conservarán durante al al menos cinco años y debidamente registrados para fines de reconstrucción, y la incorporación de la función de la UIF (anteriormente en el Decreto 1936/2010) para establecer la supervisión, el control, y en el lugar de los procedimientos de inspección para verificar el cumplimiento de la ley y las directrices e instrucciones emitidas de conformidad con la ley.

A pesar de estas mejoras, deficiencias técnicas y los retos aún permanecen en el cierre de los vacíos legales y reglamentarios y mejorar la cooperación interinstitucional. Lo más significativo es que hay una falta generalizada de enjuiciamientos y sanciones efectivamente impuestas por el delito de lavado de dinero. Por otra parte, aunque los reguladores financieros están facultados para auditar y llevar a cabo inspecciones sobre el terreno, hay muy pocas personas capacitadas con la experiencia necesaria para llevarlas a cabo con rigor.

En 2007, Argentina sancionó la Ley 26.268 que tipifica como delito las asociaciones terroristas y la financiación de estas asociaciones, sin embargo, la ley no se ajusta a las normas internacionales. En octubre de 2011, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso que pretende modificar la ley existente para cumplir con las normas internacionalmente aceptadas para la lucha contra la financiación del terrorismo.

En noviembre de 2011, el Gobierno  publicó la Resolución 388/2011 que anuncia la creación de una nueva Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dentro de la AFIP, la agencia del gobierno federal de impuestos. La creación de la UIF sigue la implementación de una serie de medidas gubernamentales generales para supervisar y controlar el mercado de divisas y frenar la fuga de capitales. Los objetivos de la nueva UIF son vigilar las transacciones en divisas (FX) y para investigar las infracciones bajo las nuevas restricciones de divisas del gobierno. La resolución también señala que el nuevo UIF vigilar e investigar el comercio de acciones, bonos y otros activos, así como controlar todos los tipos de crédito bancario y las operaciones de préstamo. Se presume nuevo AFIP UIF se centrará principalmente en la investigación de operaciones de divisas con el fin de reducir la fuga de capitales, que ha estado erosionando las reservas del Banco Central. La UIF también tiene la tarea de investigar las transacciones delictivas relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LD / FT), aunque no está claro cómo la UIF nueva interfaz con la Unidad de Inteligencia Financiera ya existentes (UIF) del Ministerio de Justicia, que tradicionalmente ha sido el responsable de sondear los delitos financieros.

En 2009, la FinCEN suspendió el intercambio de información con la UIF después de la información dada a la UIF se filtró a la prensa local. El gobierno argentino y la UIF están trabajando para restablecer el intercambio de datos.

Para satisfacer más plenamente las normas internacionales, las prioridades permanentes de la Argentina debería ser ek abordar sus sistémicas ALD / CFT deficiencias, entre ellas: la aplicación del delito de lavado de nuevo y la criminalización de la financiación del terrorismo, establecer y aplicar procedimientos adecuados para la confiscación de fondos relacionados con lavado de dinero y identificar y congelar los activos de terroristas, mejorar la transparencia financiera, la garantía de un pleno funcionamiento y el funcionamiento eficaz UIF, la mejora y la ampliación de las medidas de DDC para los sectores de cambio no bancarias y no en el extranjero, el establecimiento de canales adecuados para la cooperación internacional, la efectiva sanción de los funcionarios y instituciones que no cumplan con los requisitos de la ley, la búsqueda de programas de capacitación para todos los niveles de la justicia financiera, criminal y los sistemas judiciales, y la provisión de los recursos necesarios y los incentivos a los reguladores financieros y las autoridades policiales para llevar a cabo sus misiones. También hay una necesidad de una mayor conciencia pública sobre el problema del lavado de dinero y su relación con los estupefacientes, la corrupción y el terrorismo.





















Argentina
Argentine and international observers express the concern that money laundering related to narcotics trafficking, corruption, contraband, and tax evasion occurs throughout the financial system. It is also believed that most money laundering operations in Argentina are conducted through transactions involving specific offshore centers. The most common money laundering operations in the non-financial sector involve transactions made through attorneys, accountants, corporate structures, and in the real estate sector. The widespread use of cash in the economy also leaves Argentina vulnerable to money laundering. Tax evasion is the predicate crime in the majority of Argentine money laundering investigations.
Argentina has a long history of capital flight and tax evasion, and it is estimated that Argentines hold billions of dollars outside the formal financial system, both offshore and in-country, much of it legitimately earned money that was not taxed. The general vulnerabilities in the system also expose Argentina to a risk of terrorist financing. Despite these risks associated with money laundering and terrorist financing (ML/TF), there have been only two convictions for ML and only five prosecutions are ongoing.
Argentina is a source country for precursor chemicals and a transit country for cocaine produced in Bolivia, Peru, and Colombia, and for marijuana produced in Paraguay. While most of the cocaine transiting Argentina is bound for the European market, virtually all of the marijuana is for domestic or regional consumption, and domestic drug consumption and production have increased. Argentine officials also have identified smuggling, corruption and different types of fraud as major sources of illegal proceeds.
In addition to tax evasion and drugs, a substantial portion of illicit revenue comes from black market peso exchanges or informal value transfers. Informal value transfers occur when unregistered importers, for example, use entities that move U.S. currency in bulk to neighboring countries where it is deposited and wired to U.S. accounts or to offshore destinations. Products from the U.S. are often smuggled into Argentina, or the shipping manifests are changed to disguise the importer and merchandise. The tri-border area (Argentina, Paraguay and Brazil) is considered a major source of smuggling, especially of pirated products. Through the Three Plus One Initiative, the Government of Argentina (GOA) authorities ostensibly cooperate with the two neighboring countries, as well as with the United States, to address security issues in this region; however, this mechanism has been largely ineffective in recent years due to GOA and USG political differences, among other reasons.
The Financial Action Task Force’s (FATF) third-round mutual evaluation report of Argentina found Argentina partially compliant or non-compliant with 46 of the 49 FATF Recommendations. Argentina is subject to an enhanced follow-up procedure during which Argentina is expected to immediately address deficiencies relating to its criminalization of both money laundering and terrorist financing. Argentina is also publicly identified by the FATF for its strategic AML/CFT deficiencies, which Argentina has developed an action plan to address. The FATF expects Argentina to urgently address these deficiencies, and while some progress has been made, significant AML/CFT deficiencies remain.
For additional information focusing on terrorist financing, please refer to the Department of State’s Country Reports on Terrorism, which can be found here: http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/
DO Financial Institutions engage in currency transactions related to international narcotics trafficking that include significant amounts of US currency; currency derived from illegal sales in the U.S.; or that otherwise significantly affect the U.S.: YES
Criminalization of Money Laundering:
“All serious crimes” approach or “list” approach to predicate crimes: All serious crimes
Legal persons covered: criminally: YES civilly: YES
Know-your-customer (KYC) rules:
Enhanced due diligence procedures for PEPs: Foreign: YES Domestic: YES
KYC Covered entities: Banks, financial companies, credit unions, tax authority, customs, currency exchange houses, casinos, securities dealers, insurance companies, accountants, notaries public, dealers in art and antiques, jewelers, real estate registries, money remitters, and postal services
Suspicious Transaction Reporting (STR) Requirements:
Number of STRs received and time frame: 3,169 in 2010
Number of CTRs received and time frame: Not available
STR Covered entities: Banks, financial companies, credit unions, tax authority, customs, currency exchange houses, casinos, securities dealers, insurance companies, accountants, notaries public, dealers in art and antiques, jewelers, real estate registries, money remitters and postal services
Money Laundering Criminal Prosecutions/Convictions:
Prosecutions: Five (ongoing)
Convictions: Two - in December 2010 and June 2011
Records exchange mechanism:
With U.S.: MLAT: YES Other mechanism: YES
With other governments/jurisdiction: YES
Argentina is a member of the Financial Action Task Force (FATF) and the Financial Action Task Force against Money Laundering in South America (GAFISUD), a FATF-style regional body. Its most recent mutual evaluation can be found here: http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/3/60/46695047.pdf
Enforcement and implementation issues and comments:
On June 21, 2011, Argentina passed Law 26683, which amends Law 25246, to modify the criminalization of ML as well as to implement other AML/CFT measures. While the new law addresses a number of important shortcomings, particularly with respect to the criminalization of ML, a large number of other previously identified deficiencies persist. Some of the key features of the June 2011 law include: new measures criminalizing ML as a stand-alone crime; provisions for confiscation of assets without conviction for ML or TF; provisions to allow a judge to suspend an arrest warrant or the seizure of instruments or effects, or postpone the adoption of other restraining or evidentiary measures in the context of a ML/TF investigation; broadening of the predicate offenses which the FIU is authorized to handle and disseminate; removing previous tax secrecy restrictions in the framework of an STR; increasing the entities covered by preventive measures, including mutual associations, cooperatives, and the real state sector; incorporating more detailed customer due diligence (CDD) and record keeping measures; improving record-keeping measures with a requirement that all CDD data be kept for at least five years and properly recorded for reconstruction purposes; and incorporating the FIU’s role (previously in Decree 1936/2010) to establish supervision, control, and on-site inspection procedures to verify compliance with the law, and guidelines and instructions issued pursuant to the law.
Notwithstanding these improvements, technical deficiencies and challenges still remain in closing legal and regulatory loopholes and improving interagency cooperation. Most significantly, there is a general lack of prosecutions and penalties actually imposed for the offense of ML. Moreover, although financial regulators are empowered to audit and conduct on-site inspections, there are too few trained people with the expertise to carry them out rigorously.
In 2007, Argentina passed Law 26268 which criminalizes terrorist associations and the financing of these associations; however, the law is not in accordance with international standards. In October 2011, the executive branch presented a draft bill to the Congress which aims to modify the existing law to meet internationally accepted standards for countering the financing of terrorism.
In November 2011, the GOA published resolution 388/2011 announcing the creation of a new Financial Intelligence Unit (FIU) within AFIP, the government’s federal tax agency. The creation of the FIU follows the implementation of a series of comprehensive government measures to monitor and control the FX market and stem capital flight. The new FIU’s objectives are to monitor foreign currency transactions (FX) and to investigate infractions under the government’s new foreign exchange restrictions. The resolution also notes that the new FIU will monitor and investigate the trading of stocks, bonds and other assets, as well as monitor all types of bank credit and loan transactions. It is presumed AFIP’s new FIU will focus primarily on investigating FX transactions in order to reduce capital flight, which has been eroding Central Bank reserves. The FIU also is tasked with investigating criminal transactions related to money laundering and the financing of terrorism (ML/FT), although it is unclear how the new FIU will interface with the already existing Financial Intelligence Unit (UIF) within the Ministry of Justice, which has traditionally been responsible for probing financial crimes.
In 2009, FinCEN suspended information sharing with the UIF after information given to the UIF was leaked to the local press. The UIF and Argentine government are working to reestablish the exchange of data.
To more fully meet international standards, Argentina’s continuing priorities should be to address its systemic AML/CFT deficiencies, including by: implementing the new ML offense and criminalizing terrorist financing; establishing and implementing adequate procedures for the confiscation of funds related to money laundering, and identifying and freezing terrorist assets; enhancing financial transparency; ensuring a fully operational and effectively functioning FIU; improving and broadening CDD measures for non-banking and non-foreign exchange sectors, establishing appropriate channels for international co-operation; the effective sanctioning of officials and institutions that fail to comply with the requirements of the law; the pursuit of training programs for all levels of the financial, criminal justice, and judicial systems; and the provision of the necessary resources and incentives to financial regulators and law enforcement authorities to carry out their missions. There is also a need for increased public awareness of the problem of money laundering and its connection to narcotics, corruption, and terrorism.

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